Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. A finales del gobierno de Roberto Borge existió una operación política llamada “blindaje”.
Consistió en poner, a través de un Congreso del Estado (que sesionó en un hotel, a espaldas de la ciudadanía), a funcionarios transexenales para que, en puestos clave, pudieran cubrir la retirada del mandatario, ya asolado por denuncias de todo calibre.
Las dos fundamentales eran la Fiscalía del Estado, donde fue nombrado Arturo Álvarez Escalera, por nueve años, y a Javier Zetina González, como auditor, por siete años.
Incómodo con estos dos funcionarios, el Gobierno del Cambio operó para que ambos renunciaran a sus cargos y dejaran las manos libres para poder construir el cambio que habían prometido en la campaña.
Después de muchos cabildeos renunció primero Álvarez Escalera, un 12 de septiembre de 2016, y el 15 de marzo, de 2017, Zetina González.
Actualmente esos cargos los ocupan Óscar Montes de Oca y Manuel Palacios, quienes por su designación en el Congreso abarcarían, en un caso 3, y en el otro, 1 año, del próximo gobierno que iniciará funciones el próximo 24 de septiembre de 2022.
La pregunta obligada es: ¿Qué hará la nueva gobernadora o gobernador con estos cargos transexenales?
¿Presentarán de manera voluntaria la renuncia como un gesto de cortesía?
O ¿harán valer la supuesta autonomía del cargo para quedarse?
Falta poco para saber qué sucederá.