Acusan al notario público Ricardo Vega Espinosa de ser juez y parte en un caso de despido injustificado y que además emite documentación certificada en un despacho de Cancún, pero que cita como lugar del trámite en Puerto Morelos donde se ubica su notaría número 92.

Yasmín Rubí Campos Cohuo explicó que fue contratada el 9 de junio del 2016 para la empresa Journey Solutions Center con un sueldo mensual de 30 mil pesos. Y en mayo del 2017, la hermana del dueño determinó que era muy elevado su sueldo y lo redujo a 20 mil pesos y aunque se le hizo ver que el tema era ilegal, continuó esa situación y además comenzaron a acosarla laboralmente.

El 21 de julio del presente año, el abogado laboral de la empresa Vega Espinosa, presentó un convenio para concluir la relación laboral, en el que primero reconoce su sueldo de 30 mil pesos mensuales, pero establece que es un finiquito y no una liquidación.

A partir de ahí, dijo la afectada Campos Cohuo que ya no hubo una ratificación del acuerdo ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y deduce que fue por las irregularidades en el contenido del acuerdo y porque además, en el convenio, que fue firmado en el despacho del abogado Vega Espinosa en la supermanzana 30 y aparecía que fue realizado en su notaría de Puerto Morelos. Y el 7 de julio presentó la denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

En el artículo 20 de la Ley del Notariado del estado establece que está prohibido el ejercicio de abogado litigante. Y por esa razón, en la audiencia laboral del 11 de diciembre para desahogar la queja del expediente 777/2017, no se presentó Vega Espinosa sino la abogada Guillermina Corona Trujillo.

Además, de acuerdo a la ley en su artículo 22, los notarios pueden formar parte de la junta o administración de personas morales o instituciones, o ser secretario, comisario o consejero jurídico de las mismas, siempre y cuando, éstas no tengan fines de lucro y señaló la afectada que el notario recibía una iguala o recursos por su servicios.

La notaría de Vega Espinosa forma parte del paquete de 34 notarías que fueron entregadas a finales de la administración de Roberto Borge Ángulo sin que se cubrieran todos los requisitos legales. Actualmente existen algunos amparos para evitar que les cancelen la patente y continúan operando con normalidad.