El Observatorio Legislativo de Quintana Roo aseguró que los negativos resultados del proceso judicial emprendido por los diputados locales, encabezados por Humberto Aldana, para cancelar la concesión de agua potable a Aguakan revelan, finalmente, que sólo fue protagonismo motivado por la proximidad de la elección local como federal.

El presidente de este organismo, Eduardo Galaviz Ibarra, en un primer análisis, dijo que existía la hipótesis de que las acciones legales de los integrantes del Congreso del Estado sobre la permanencia de la concesión, no tenían que ver con el cumplimiento de la consulta ciudadana realizada hace dos años, sino obedecían a un momento político.

Precisó que los legisladores locales no tienen facultades para cancelar la concesión, otorgada desde hace más de 30 años para el caso de Benito Juárez e Isla Mujeres, sino únicamente vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.

No siguió las normas

«El proceso para la revisón sobre la concesión otorgada Aguakán en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres lleva un proceso que tiene qué ser atendido puntualmente. Ya que hay normas  establecidas en la Constitución que permiten ir revisando ese proceso de cancelación de la concesión. Sin embargo, en la XVII Legislatura optaron por ir ellos, señalar que se cancelaba, que no tiene atribuciones de acuerdo a la Constitución de Quintana Roo en su artículo 75», dijo.

Explicó que los diputados pueden aprobar o rechazar una concesión del servicio de agua potable, cuando es una propuesta, es decir antes de que se apruebe; no después. Y una vez, que está en marcha, corresponde a los municipios y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado vigilar el cumplimiento de la prestación del servicio.

«Situación que no se da en el presente caso, dándole oportunidad a la empresa Aguakan para que presentara sus medios de defensa, resultando obvio que se les otorgara la suspensión definitiva», dijo

Respecto a la consulta pública realizada el 5 de junio de 2022, en la que la población de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos rechazó que permanezca Aguakan, indicó que los resultados no se interpretan, sino que se cumplen.

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