En los primeros 38 días de 2023, año previo a la elección federal de 2024, personas dedicadas a la política movieron 13 mil 870 millones de pesos a través del sistema financiero, en operaciones que se presumen inusuales.
Fueron transacciones prácticamente por un promedio de 365 millones de pesos por día, exhibió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en respuesta a una solicitud de información.
La cantidad duplica el monto de prerrogativas que tendrán los partidos con registro federal este año; equivale al 91.4 por ciento del dinero que prendió alertas en los bancos y fue reportado a la unidad de Hacienda durante todo 2020, también preámbulo de un año electoral; y, a su vez, rebasa en más de una cuarta parte todo el saldo de dinero alertado a la UIF, desde que ésta fue creada, de acuerdo con la información obtenida por este diario.
Desde 2004 y hasta el 7 de febrero reciente, los bancos han reportado a la UIF el movimiento inusual de 50 mil 663 millones de pesos a manos de personas políticamente expuestas, como se identifica a líderes e integrantes de partidos, así como funcionarios públicos.
Las alertas se han disparado previo a fechas electorales y luego de cambios de gobierno, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia
En 2020, antesala de las elecciones intermedias de 2021, las prevenciones por operaciones inusuales de personas políticamente expuestas sumaron 15 mil 176 millones de pesos, el mayor monto del que se tenía registro para un año completo.
Dicha cantidad se enfila a ser rebasada por los 13 mil 870 millones de pesos que implicaron 65 alertas del sistema financiero en los primeros 38 días de 2023.
Esos 13 mil 870 millones de pesos exhiben que en menos de un mes y medio de 2023 se superó en 152.3 por ciento el monto que ameritó una alerta el año pasado, y la cantidad a su vez equivale a 27.4 por ciento de todo lo que se ha reportado en 22 años a la UIF de Hacienda.
Las operaciones inusuales no son necesariamente una prueba de que se está ante delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Los bancos tienen la obligación de enviar un reporte cuando el manejo de una cuenta “no concuerde con los antecedentes o actividad conocida” por la entidad financiera, “o con el perfil transaccional inicial o habitual” de ese cliente. Con información de La Jornada.