Chetumal, Quintana Roo.- En la semana pasada el Senado de la República aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que desincorpora al Consejo de Promoción Turística de México como empresa de participación estatal mayoritaria y ordena su disolución y liquidación.
Esto ha causado ciertas molestias en el sector de empresarios del turismo y han reclamado que una de las promesas de este gobierno fue que “se fomentaría el turismo para impulsar el desarrollo y crear empleos”. A ello, explican que el sector hotelero ha reportado pérdidas en sus flujos de operaciones como consecuencia de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.
Según cifras del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), sí la falta de promoción se prolonga hasta 2024, el gobierno federal perdería en recaudación fiscal cerca de 20 mil millones de pesos como consecuencia de la disminución en algunos indicadores como derrama económica, PIB y empleo.
Sin embargo, el gobierno federal tiene como política primordial, dar apoyos para que las personas de escasos recursos viajen a los destinos turísticos del país pero recorta, al mismo tiempo, todos los recursos de promoción en el extranjero que es desde donde se captan las inversiones y divisas que permiten a la industria generar empleos y al gobierno aumentar su presupuesto para que esa misma gente de escasos recursos tenga trabajo, sueldo y viva en condiciones más favorables.
Combate a la delincuencia organizada
Por otra parte, distintas organizaciones de seguridad en México han aplaudido que el enfoque en seguridad pública de este gobierno es primordialmente social, pues para combatir el crimen la estrategia es dignificar las zonas marginadas porque en la pobreza y la falta de oportunidades está la raíz de la delincuencia. Aunque se quejan de que la determinación de no combatir al crimen organizado es un grave problema.
En el caso de Quintana Roo, de los 4,200 elementos de la Guardia Nacional prometidos, hoy solo cuenta con 1,160. Hasta el día de hoy hay 860 policías militares y 300 agentes federales para las tareas de seguridad en 11 municipios. La idea ha sido que el estado vuelva a tener 3,200 elementos de la Policía Militar y más de 1,000 de la Federal, ahora como parte de la Guardia Nacional.
Ante un nuevo panorama, las fuerzas federales de seguridad se han reorientado, esta vez a la contención de la migración ilegal en la frontera sur, donde fueron desplegados 6,300 agentes de la Guardia Nacional; más de la mitad, 3,900 en Chiapas; 1,500 en Tabasco; 600 en Campeche y 300 en la frontera de Quintana Roo. De ahí que éstas organizaciones así como gobiernos locales, pidan al gobierno federal los elementos necesarios para manejar los problemas de inseguridad que aquejan todos los días.
Sargazo, un problema de seguridad nacional
Sumado a esto, el problema del arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo genera pérdidas económicas mayores y detrimento a la imagen turística del estado. Ante esta situación, los gobiernos afectados por el sargazo piden al gobierno federal atender urgentemente esta contingencia frente a la cual el gobierno del estado no tiene atribuciones legales ni constitucionales para actuar más allá de mitigar los daños cuando la macroalga ha llegado a las costas.
“Se deben contener y recolectar las masas flotantes de sargazo a una distancia suficiente de la costa en aguas internacionales en altamar con embarcaciones de alto calado (de las mayores dimensiones) pues cualquier atención en aguas someras y en playas puede generar impactos inevitables al turismo, los ecosistemas y a la población. De otra forma sería solo una mitigación y no una solución”, ha señalado desde hace medio año el grupo de científicos del Consejo Técnico Asesor para este tema en Quintana Roo.
La Secretaría de Marina, por instrucción del Presidente, es la encargada de recolectar la macroalga en el mar y para eso prometió construir tres embarcaciones que, dijo, estarán listas en tres meses aproximadamente.
Debido a que los gobiernos municipales y el gobierno del estado no tienen ni los atributos legales ni tampoco los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos necesarios para resolver el problema y lograr el manejo integral y sustentable del sargazo, urge una mayor coordinación y mayores recursos a la mitigación de este problema. Una vez que la macroalga arriba a las playas se expande en la Zona Federal Marítimo Terrestre, la franja de veinte metros desde el nivel de marea más alta hacia tierra dentro. Esta franja es administrada también por el gobierno federal, igual que las dunas, los humedales y otros ecosistemas son manejados y protegidos bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las costas de Quintana Roo afectadas por el sargazo se localizan dentro de varios polígonos de áreas protegidas que son competencia de la Conanp, como la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano -para la cual aún no se ha elaborado el respectivo plan de manejo-, Yum Balam, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, Arrecife de Puerto Morelos, Cozumel, Sian Ka´an y Xcalak.
Además, por la dimensión, complejidad del fenómeno que involucra a varios países de la región y sus potenciales impactos a la economía -entre ella la generación de divisas turísticas para el país-, a los ecosistemas y a la salud de la población, se requiere la intervención urgente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, de Gobernación, de Hacienda y de Salud, aparte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalan los especialistas.