Los terrenos propiedad de Grupo Amistad Bienes Raíces que fueran clausurados por el Ayuntamiento de Benito Juárez durante los operativos para evitar la proliferación de zonas irregulares, fueron adquiridos a precios subvaluados por el empresario inmobiliario Alfredo González Palma.
Así lo revela una investigación de la asociación civil Somos tus Ojos, quien en 2017 interpuso una denuncia contra el ex gobernador Félix González Canto por el remate de 165 predios que eran patrimonio del estado y que fueron entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas por montos muy por debajo de su valor real.
Según el documento, González Palma, miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) recibió más de 65 mil metros cuadrados de tierra por un total de 6 millones 597 mil 819 pesos, lo que significa que fueron valuados en un aproximado de 100 pesos por metro cuadrado.
Estos terrenos se encuentran en una de las zonas de más alta plusvalía en Cancún, dentro de un triángulo que se forma entre la intersección de la avenida Huayacán, López Portillo y una vialidad de conecta con el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Lo anterior consta en los folios 288148, 288150 y 264352, que fueron adquiridos entre julio de 2010 y abril de 2011 por medio de compraventas simples efectuadas a través del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), en documentación signada por Gina Patricia Ortiz a favor del empresario.
Clausurados
Grupo Amistad es propietario de los fraccionamientos México, Avante, Tres Reyes, La Milpa, Pedregal y Pedregal Plus, que suman un total de 14 mil lotes en 651 hectáreas.
Los últimos dos fueron clausurados durante los operativos que llevó a cabo la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, en el mes de mayo, por no contar con la certeza jurídica para su aprovechamiento.
Este tipo de situaciones se dan cuando los terrenos se encuentran inscritos en el Registro Público como propiedad privada, por lo que no pueden ser fraccionados, mucho menos vendidos ni municipalizados, es decir, el gobierno está impedido jurídicamente para garantizar el acceso de servicios básicos.
Algunos de estos fraccionamientos, sin embargo, ya se encuentran habitados, por lo que sus pobladores sufren las carencias de agua y electricidad, situación que también genera problemáticas sociales y ecológicas. En fechas recientes, los vecinos de las zonas se han manifestado para exigir la provisión de estos servicios.