Al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias federales entregarán activistas una propuesta para rehabilitar ambientalmente Malecón Tajamar con miras a un parque urbano así como proponer la protección de manglares desde el kilómetro cero hasta detrás de la zona de las universidades.
La apoderada legal de Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo A.C., Katerine Ender Córdova, dijo que a la fecha, durante las brigadas de limpieza y el cuidado de los acceso a Malecón Tajamar no han detectado el ingreso de personal de Semarnat o de Conafor –encargado de la rehabilitación del lugar-, para iniciar la rehabilitación, como se dio a conocer a fines del año pasado.
Pero mientras acuden al lugar, dijo que la próxima semana a más tardar harán llegar una propuesta a Fonatur y a Semarnat para que Tajamar sea rehabilitado ambientalmente, luego de la devastación que ocurrió en junio del 2015 como en enero de 2016 al arrasar con la vegetación y animales del lugar para iniciar el desarrollo del lugar.
Esta propuesta contempla que Tajamar, que tiene una superficie de 74 hectáreas, se transforme en un parque urbano con acceso peatonal –actualmente los predios en los que se iban a desarrollar comercios, hoteles, oficinas y la Catedral, están recuperándose en forma natural; y los accesos a los vehículos, están cerrados, únicamente se permite el acceso peatonal.
A esto se suma la intención de proteger esta zona como el área del kilómetro cero del Bulevar Kukulcán y de la zona de universidades, que conforma un polígono de manglares.
También precisó, que en el recurso que ganaron otras organizaciones ambientales y que obliga a Semarnat a realizar el proyecto de restauración ambiental en Tajamar, también debería incluirse a otras organizaciones ambientales que presentaron y ganaron recursos legales para que propongan medidas para rehabilitar el lugar.
Del 2000 al 2015, de acuerdo con cifras oficiales de Fonatur, fueron invertidos en Malecón Tajamar 618 mdp para introducir los servicios básicos y la construcción de vialidades, para lo que sería una nueva zona de desarrollo comercial y turístico, que aunque se vendió, no se desarrolló por diversas violaciones ambientales en que incurrieron los propietarios y las autoridades de los tres niveles de gobierno en los predios.
