El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Barra de Abogados de Quintana Roo analizan el proceso de expropiación de tierras en tres municipios de la entidad, que anunciara hace unos días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Iván Ferrat Mancera, presidente del CCE, dijo que no hay transparencia en la medida expropiatoria, ni en los distintos cambios de trazo e incluso en las modificaciones que ha habido en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia encargada del proyecto, publicó hoy El Economista.
En tanto, Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, consideró lamentable que el gobierno federal haya optado por la vía de las expropiaciones pese al trabajo previo de diálogo realizado con los hoteleros.
Estas reacciones suceden luego de que el pasado 17 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Utilidad Pública, mediante la cual el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, oficializó la expropiación de 2.4 millones de metros cuadrados (240 hectáreas) de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos y Solidaridad para el tramo 5 norte del Tren Maya.
En la declaratoria se establece además que los dueños de la tierra tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF para manifestar lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas para acreditar su derecho.
Adelantan que procederán “a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con el artículo 9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación».