Por Abraham Gorostieta

Cancún, Quintana Roo.- Ha sido una lucha larga la del abogado Hugo Alday, representante legal de la titular de la marca Repuve (Registro Público de Vehículos), en contra de las distintas administraciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora el de López obrador. El pleito radica en que el dueño de la marca exige le sean pagados sus derechos como tal, ya que la Segob hizo uso de ésta.

La deuda que existe es porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se ha negado a pagar y que ha buscado toda argucia legal para no hacerlo y ha promovido todo tipo de juicios administrativos y constitucionales entre 2009 y 2018. Todos y cada uno de ellos los ha perdido.

 

 

Tras más de diez años de batallas en los tribunales mexicanos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nuevamente ha vuelto a intentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraiga la Revisión al Amparo Indirecto que resolvió negar la protección de la Justicia de la Unión en un amparo de constitucionalidad de leyes, que no es de relevancia para tal efecto, ya que el fondo del asunto se traduce en resolver si la norma aplicada de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo por medio de la cual se le notificó al Secretariado Ejecutivo en su calidad de tercero interesado y no de autoridad demandada, es constitucional.

A pesar de los fallos en contra y conociendo legalmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no podía usar la marca, invirtió en el uso del Repuve en convenios con estados y terceros  poco más de dos mil 68 millones pesos.

La persona dueña de la marca inició el PC 2554/2018 por la infracción de la marca, donde el IMPI deberá resolver para multar al SESNSP por el uso indebido de la marca durante 10 años. También podrá realizar el cobro vía civil de «daños y perjuicios y reparación del daño penal», esto independientemente del daño patrimonial al Estado Mexicano, mismo que está en resolución.

En 2018 la empresa propietaria de la marca Repuve después de ganar ante diversas instancias y finales de la administración del ex presidente Peña Nieto se ordenó el pago de los daños patrimoniales por el uso de la marca durante una década. Precisó que en libros blancos se establece que la inversión para aplicar el Repuve fue de aproximadamente mil millones de pesos y la ley establece que cerca del 40% de esa cantidad, debe ser pagada por el daño patrimonial que la empresa ha sufrido durante diez años que no ha recibido regalías.

 

 

Mediante sentencias de diversos Tribunales Colegiados en 2017 y 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha explotado una marca, a sabiendas de su ilegal, los cuales no pueden ser retroactivamente nulificados por ningún nuevo procedimiento o juicio al ser cosa juzgada. De iniciar un nuevo procedimiento el SESNSP estaría cometiendo un posible Fraude a la Ley y un abuso en el ejercicio de su función pública.

Los abogados de la persona dueña de la marca Repuve, acusan también que «durante el presente gobierno, por parte del anterior titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se pretendió iniciar acciones en contra de la dueña de la marca y de sus abogados, con la finalidad de hacernos desistir de juicios en una actitud totalmente carente de ética semejante al gobierno de Peña Nieto».