Celebran feministas la congruencia de la Décimo Séptima Legislatura del Congreso de Quintana Roo por aprobar la reforma constitucional respecto a la Ley 3de3 contra la violencia hacia las mujeres.
«Es un tema que ha pasado por un debate público amplio, dadas las resistencias, los obstáculos, incluso tuvo que superar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tuvo que establecer claramente que es un tema de ponderación de derechos. No puede estar el derecho a la libre personalidad de las personas antes que el derecho al interés superior de las infancias y la perspectiva de género», informó la abogada e integrante de Marea Verde, Yunitzilim Rodríguez Pedraza.
Los diputados aprobaron por unanimidad este martes la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quien tenga una sentencia firme por agresión sexual o sea deudor alimentario.
Es decir, impide que agresores, deudores y acosadores ocupen espacios en el poder público.
Primer lugar en violencia en el mundo
México, ocupa el primer lugar en el mundo en violencia sexual y en este sentido, señaló que en cualquier democracia que se jacte de serlo, no puede ser por un lado, agresor sexual, deudor alimentario o violentador. Y por otro, desempeñe un cargo público como gobernador o servidor o servidora pública.
«En un verdadero estado de derecho, la 3de3 contra la violencia no tendría necesidad de ser impulsada, si los agentes del estado entendieran que tienen qué garantizar y respetar los derechos humanos. Y tener claro, que uno de los principales derechos, es a una vida libre de violencia. De por sí es grave que alguien atente contra un niño, niña o mujer, ahora imagínese que quien la perpetra es un representante del Estado Mexicano», aseguró.
Casos frecuentes en QRoo
En Quintana Roo, indicó la activista que son frecuentes los casos en que funcionarios usan su poder, dinero y relaciones que les confiere el cargo para violentar los derechos de las infancias y que además tiene qué ver con una violencia estructural.
Cuando presentan una demanda por pensión alimenticia, los funcionarios informan a las oficialías, que ganan menos de lo que registra su nómina, y los y las juezas del Poder Judicial al observar que es obvio que reportan menores ingresos, no llevan a cabo diligencias extrajudiciales o judiciales de oficio para verificar la información y dar con la verdad de los hechos.
Las feministas dijo fueron las principales impulsoras de dicha reforma.
Jaguar Negro | Decisivos los milimétricos balances en dos municipios para 2024: Cozumel y Tulum