Ante manifestaciones entreguistas ante del Poder Judicial de la Federación, diputados encabezados por Renán Sánchez Tajonar, recibieron fuerte llamada de atención de  Juez Federal; dice el abogado Andrés Blanco.

 

Chetumal, 10 de octubre. La comunidad de Felipe Ángeles presentó un recurso jurídico que ganó para que sus habitantes tengan acceso al agua potable. El Congreso de Quintana Roo acató el resolutivo y destinó 100 millones de pesos que, sin embargo, están frenados porque Campeche presentó un amparo.

El Juzgado Federal Sexto de Distrito les explicó a los diputados y les señaló en un documento que no tienen ningún impedimento para invertir en las comunidades ubicadas en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, ya que la suspensión dictada en el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 226/2019, “no tiene efectos  para la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche”, sino únicamente aplica para la zona en conflicto territorial entre Quintana Roo y Yucatán.

En el documento se lee claramente que no existe impedimento para invertir en las comunidades ni ejercer 100 millones de pesos para dotar de agua potable a sus habitantes.

Los límites establecidos en la Constitución del Estado contemplan a estas comunidades que obtuvieron amparos, lo que motivó un reclamo judicial  ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del gobierno campechano, en el sentido que tal acción de los Diputados locales  vulnera su soberanía, ya que a sus decir dichas localidades donde se ha  destino presupuesto son comunidades campechanas.

En los límites territoriales del Estado de Quintana Roo desde 2019, existe un mapa oficial aprobado por el propio Poder Legislativo, mediante el decreto 303  que señala con mayor claridad que localidades están ubicadas dentro del territorio estatal.

Entreguista

El abogado de las comunidades, Andrés Blanco Cruz, señaló que el Poder Legislativo de Quintana Roo, lejos de tener una posición firme en la defensa del territorio acuden ante el Poder Judicial de la Federación, “con actitudes entreguistas hacía las pretensiones territoriales del vecino Estado de Campeche”, esto, al señalar que, si bien es cierto que se aprobó un presupuesto para abastecer de agua a las comunidades, este estará sujeto a lo que resuelva el máximo órgano jurisdiccional del país, con respecto a las manifestaciones hechas por los vecinos campechanos. “Para los Diputados es posible que Campeche tenga razón en cuanto a que las  comunidades ubicadas en la zona limítrofe forman parte del territorio campechano, lo que configura una alta traición a los interés de nuestro joven  Estado”, dijo el abogado.

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