Acordó la empresa Aguakan no intervenir en la definición del sindicato que tendrá el contrato colectivo de trabajo de los 600 empleados distribuidos en cuatro municipios, de esta cantidad 450 solicitaron que la CROC los represente y podría demorar un año que este consiga dicha titularidad.

Luego de las protestas del fin de semana para exigir el cambio de sindicato y de que el lunes por la tarde acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cancún los representantes de los sindicatos de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y de la empresa Aguakan, ésta se comprometió a no intervenir, sino que los empleados decidan a qué sindicato afiliarse.

Desde 1993, la concesionaria obtuvo la concesión para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres; y en 2014, la concesión se amplió a Puerto Morelos y a Solidaridad.

Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC en Benito Juárez, reconoció que desde que la empresa comenzó a operar en Benito Juárez e Isla Mujeres, la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo lo tuvo la COR.

Y hace algunos años, los trabajadores no encontraban apoyo para resolver algunos despidos injustificados y otras situaciones desfavorables para los empleados, incluido que carecían de equipo para su trabajo cotidiano. Y en este año, con la pandemia por Covid-19, la aplicación de descuentos salariales que no explicaron los líderes sindicales cuál era la finalidad, fue la gota que derramó el vaso y solicitaron asesoría y apoyo a la CROC.

Aunque el área de Recursos Humanos presionó a los trabajadores para afiliarse a la COR, un total de 450 manifestaron la intención de afiliarse a la CROC, por lo que formalmente, dijo Machuca Sánchez, van iniciar el proceso para demostrar cuántos empleados están con esta agrupación sindical a fin de obtener la titularidad del Contrato Colectivo.

Calcula que este proceso va a demorar un año aproximadamente, aunque depende de la celeridad de la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque en octubre de 2021 van a desaparecer las Juntas de Conciliación y serán en adelante Tribunales laborales, y deben comenzar estos funciones sin expedientes rezagados, sino prácticamente en ceros.