Ante la medida del gobierno de Estados Unidos de considerar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, se vuelve necesario analizar el funcionamiento de este tipo de organizaciones delictivas, dado que la estrategia de acabar con un grupo, tiene como efecto inmediato la creación de otro o varios que lo sustituyen, consideró el académico y funcionario federal Alberto Montoya Martín del Campo.
En este sentido, el catedrático consideró que el poder del narcotráfico no está en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización, sino en sus tasas de utilidad extraordinarias, su capacidad de acumulación acelerada y la magnitud de las ganancias que genera y que les permite, afirmó, «corromper todo lo que se les ponga en el camino y reclutar continuamente a otros sujetos”.
“Es una actividad económica que necesariamente tiene un alcance transnacional e implicaciones geopolíticas, y que es capaz de corromper al sistema policíaco, de procuración de justicia, carcelario, a los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, al ejército, los medios de comunicación, partidos políticos, políticos, empresarios, organismos de la sociedad civil, miembros de iglesias y periodistas», dijo.
De lo anterior se deduce, apuntó Montoya, que es imposible erradicar o detener la corrupción y violencia del sistema de economía criminal, si no se detiene su proceso de reproducción económica.
La medida adoptada por el gobierno estadounidense después de la masacre de nueve mujeres y niños en el norte de México, contempla ordenamientos jurídicos no sólo para que ese país pueda usar la fuerza en territorio mexicano contra los cárteles de la droga, sino también para investigar, perseguir y sentenciar a los estadounidenses que ofrezcan apoyo, y a las instituciones financieras que manejen fondos ligados a esos grupos.
De concretarse este proceso las instituciones y empresas que tengan vínculos financieros y comerciales con los grupos criminales a través, por ejemplo, del lavado de dinero y la venta de armas, estarán bajo el foco permanente del gobierno e incluso de ciudadanos estadounidenses que tendrán la obligación de alertar al Departamento del Tesoro. Es decir, generará grandes costos políticos y económicos a la economía criminal.