Cancún, Quintana Roo.- La organización Sélvame del Tren acusó al gobierno mexicano de mentir a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre el incumplimiento a la legislación ambiental por la construcción del tramo 5 del Tren Maya.
A través de un comunicado, la organización refirió que el Secretariado de la CCCA del T-MEC pidió respuesta al gobierno mexicano sobre las acusaciones en contra del megaproyecto, debido a que varias organizaciones y ciudadanos ambientalistas han acusado irregularidades en los trabajos de desmonte, nivelación y relleno, que se realizan en el tramo que conecta a Cancún con Tulum, sin contar con las evaluaciones y autorizaciones ambientales correspondientes.
Sin embargo, acusaron que la respuesta del gobierno mexicano, dada el pasado 30 de enero, fueron “mentiras” al asegurar que los trabajos estaban amparados por “autorizaciones provisionales” emitidas por las autoridades competentes.
“Dichas “autorizaciones” son ilegales e inconstitucionales por ser contrarias al marco legal ambiental. Por otra parte, contraviene al principio de Reserva de Ley, debido a que éstas corresponden a un trazo distinto, cuando el Tren planeaban pasarlo por la zona urbana de Playa del Carmen sobre el derecho de vía de la carretera federal 307 y NO sobre la selva, donde finalmente sin ninguna autorización iniciaron el proyecto”, indica el comunicado.
Esto ha ocasionado la tala y desmonte de millones de árboles sobre el derecho de vía de la carretera federal.
Te puede interesar: Concede juzgado suspensión definitiva en el tramo 5 del Tren Maya para evitar desmonte fuera de zonas autorizadas
La organización señaló que el gobierno mexicano también citó la Autorización de Impacto Ambiental con número de oficio SGPA/DGIRA/DG-03703-22, de fecha 20 de junio de 2022 para el Tramo 5 Sur, con lo que viola tanto la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como su reglamento, que establecen que la tramitación y obtención de dicho aval debe ser previo al inicio de cualquier obra, además dicha normatividad no prevé ni reconoce la existencia de las “autorizaciones provisionales”.
“Los peticionarios confiamos en que el Secretariado de la CCA del T-MEC valore de manera exhaustiva todos los elementos aportados en la petición y resuelva favorablemente determinando la integración y publicación de un Expediente de Hechos y que se haga la investigación pertinente para que se cumplan con las leyes ambientales de México”, concluyeron los activistas.