A través de un video difundido en sus redes sociales, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que espera que pronto se desestimen las denuncias penales en contra de las consejeras y consejeros, por aplazar la revocación de mandato.
Aseguró que las denuncias son “sobre presuntos delitos claramente inexistentes”, que solo tiene propósitos políticos y que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, por lo que siguen su proceso en la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios, pues perseguir a servidores públicos, por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”, dijo Córdova sobre la denuncia hecha por Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados.
Agregó que lo que lo ocurrido es muy grave pues “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático” ya que, aseguró, “se quiso usar el brazo penal del estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto”.
“Es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, dijo el consejero presidente.
Aseguró que siguen los trabajos del instituto para organizar la revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para organizarla con las características que exige la ley.
También enfatizó que el costo de la consulta que la ley exige para la revocación de mandato es de tres mil 800 millones de pesos; sin embargo, la consulta se hará con menos recursos pero sin afectar y comprometer las facultades constitucionales del INE y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto.