Cancún, Quintana Roo.- La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) interpuso un amparo, con el fin de que el gobierno municipal de Benito Juárez ejerza los casi 13 millones de pesos de la fianza entregada por Urbi para la construcción de una planta de tratamiento para evitar más afectaciones a las más de 5 mil viviendas en el fraccionamiento Urbi de Cancún por aguas negras.
«Consideramos que este argumento de ‘que no se ha municipalizado‘ es inaceptable por parte de las autoridades, cuando son omisas y se debe reconocer que esto sucede cuando las propias autoridades, como es el caso, permiten la transmisión de las autoridades y cobran un impuesto predial a los ciudadanos que confiaban en un estado de derecho”, dijo Antonella Vázquez Cavedon, integrante de dicha organización.
Asimismo, pidió al juzgado quinto de distrito reconocer la omisión de las autoridades del gobierno municipal, estatal y federal, en el caso del fraccionamiento Urbi de Cancún, en donde se construyeron viviendas sin red de alcantarillado.
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Acusó a las autoridades locales de no haber vigilado el proyecto para garantizar la entrega al municipio del fraccionamiento con todos los servicios como la red de drenaje.
Hugo Guzasola Sarabia, presidente del Comité de Vecinos, señaló que han recurrido a diversas instancias del ámbito estatal y federal para denunciar la irregularidad, así como el daño al medio ambiente, pero ninguna ha emitido una solución.