Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. Uno de los discursos centrales de la 4T es la austeridad republicana.
En ese tren, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó una iniciativa para poder reducir presupuestos en los tres poderes del Estado, y así, aminorar los excesos de sexenios pasados.
Hasta ahí suena todo bien.
El problema se generó en el precabildeo del asunto, cuando el presidente Renán Sánchez Tajonar no realizó por las vías conducentes, es decir, sentarse a hablar con los magistrados que, valga la aclaración, no son sus empleados y representan a otro poder, el judicial.
Así, fueron aprobados al viejo estilo del PRI de los 70 vía “fast-track” los artículos 16, 17, 39, 40, 41, 49, 115 párrafo primero, 116 fracciones II y III y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos tocan fibras del Poder Judicial y que tienen que ver con la autonomía presupuestal.
Controversia constitucional
En un principio hubo diálogo con uno de los magistrados que mantenía cierto control, pero todo se salió de control cuando comenzaron a llegar los pagos incompletos, con reducciones que no hicieron para nada gracia a los magistrados, que promovieron una controversia constitucional en contra de la decisión de los dos poderes: Ejecutivo y Legislativo, que deberá resolverse en el Tribunal Superior de Justicia de la Federación.
El asunto tiene dos vías de reclamo: por un lado es el presupuesto del poder judicial, que en teoría podría ser modificado a través de una reforma constitucional, como ya se hizo; pero lo que tiene que ver con los salarios, que son derechos laborales adquiridos, y contra los cuales no pudo ni el presidente Andrés Manuel López Obrador en su batalla contra el INE (donde hay salarios estratosféricos), ese es otro asunto.
Los magistrados argumentarán que no es lo mismo un empleado administrativo del Congreso y Estado, que un juez o que debe afrontar duras amenazas que reciben en cada sentencia, muchas de las cuales tienen que ver con la delincuencia organizada. De ahí que no son pocos los que cobran mucho más que el presidente de la república.
La base de la defensa se sostiene, además del andamiaje laboral, en la violación al principio de división de poderes que establece la Constitución en el artículo 116.
Anteriormente, los poderes acordaban asuntos y así las cosas funcionaron de manera tersa.
En ese sentido, se ha señalado la extrañeza de la demanda, esto, por ser el presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada, muy cercano a la gobernadora, Mara Lezama, sin embargo, todos los demás magistrados y magistradas vienen de otras administraciones y pertenecen a grupos políticos diferentes.
La pregunta es: ¿pudo evitarse que la sangre llegue al río?: Sí. Nada más faltó oficio y humildad del Legislativo para sentarse a negociar en un tema que es toral para la 4T, y que ahora, representa un enfrentamiento que no se había dado en 20 años en el Estado.