Por Jaguar Negro
Mara Lezama, gobernadora constitucional de Quintana Roo, informó hoy que le aceptó la renuncia al cuestionado fiscal del Estado, Oscar Montes de Oca y, de paso, removió al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Rubén Oyarbide.
De esta forma, la titular del Ejecutivo tomó control completamente de la administración, dado que el fiscal fue nombrado durante el sexenio pasado de Carlos Joaquín, y arrastraba un cúmulo de denuncias y una pésima percepción social, quien había entrado con el ex secretario de seguridad, el polémico Alberto Capella.
Una fuente confirma que había una suerte de margen, es decir, un período de evaluación que ambos funcionarios no superaron, esto, debido que ninguno cumplió con las expectativas que se trazaron al inicio de la administración. Los números no acompañaron al fiscal y no pocas veces la gobernadora tuvo que salir a dar la cara por él, uno de ellos, el bloqueo a la Zona Hotelera.
El fiscal arrastraba denuncias de las madres de desaparecidos, la caída del sistema de denuncias en línea y, en las últimas semanas, la aparición de una “mafia inmobiliaria” en Tulum que involucra a funcionarios y ex funcionarios del ex gobernador Carlos Joaquín.
Al parecer, cruces de carácter político impedían que la carpeta de investigación avanzara sin tocar intereses que generaran conflictos, además de otros casos de despojo e invasiones que existen vigentes en el Estado y que duermen el sueño de la injusticia.
Estas denuncias han sido seguidas de cerca por Grupo Pirámide, que en diversas columnas reveló la incomodidad de mantener al fiscal en ese espacio, algo que no terminaba de encajar con las perspectivas de transformación del gobierno de la 4T, cada vez más lejos del “gobierno del cambio”.
Fue un golpe de timón, que además, revela el carácter de la gobernadora que gobernó en dos oportunidades Cancún, contra viento y marea, mafias y guerras intestinas, todas superadas.
Seguramente tendrá ahora la oportunidad de comenzar la transformación de la fiscalía, donde ni siquiera el 1 por ciento de las denuncias llega a ser judicializada, por ello, Quintana Roo ocupa los últimos lugares del país en cuanto a la procuración de justicia y estado de legalidad.