Alrededor de 10 mil kilómetros cuadrados son lo que está en juego nuevamente a partir de la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el estado de Yucatán tras la emisión del decreto 303 de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo en el que se establecen los límites territoriales de la entidad.

Sería una pérdida de un 20 por ciento del territorio, asegura Hugo Guillermo González Reyes, presidente del Comité Cívico Pro-defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez, quién hizo un llamado a la población en general a unirse en defensa de estas tierras.

“El objetivo es hacer un llamado a la ciudadanía, los organismos empresariales, a los organismos no gubernamentales a que se sumen, que seamos una voz unida, que no nos unamos nada más para obtener beneficios, sino para defender el territorio. Es un llamado a la conciencia ciudadana”, afirmó.

La controversia promovida por el gobierno yucateco asegura que el decreto 303 invade los municipios de Peto, Tzucacab y Tekax, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul y Chikindzonot, que se encuentran en un área de 10 mil 210 kilómetros cuadrados delimitada por el Poder Legislativo de Quintana Roo como parte del territorio estatal.

En este sentido, González Reyes asegura que no existe tal invasión, dado que el artículo 46 de la Constitución Política de Quintana Roo, establece claramente los límites que se respetaron desde 1902, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz decretó la creación del territorio federal de Quintana Roo.

“Si esto procediera a favor de Yucatán o Campeche, nos afectaría en Tulum, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, estamos hablando del 20 por ciento del territorio de Quintana Roo, 10 mil kilómetros cuadrados de los 50 mil que componen el estado”, alertó.

Advirtió que esto afectaría en la ministración de recursos federales, pues de hecho, en la zona limítrofe con Campeche, las partidas presupuestales se consideran dentro del municipio de Calakmul, dado que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consideró la zona como parte de ese estado.

Jurídicamente, lo que procedería sería que Quintana Roo atacara la controversia como lo hizo cuando se creó el municipio de Calakmul, indicó, además de detallar que cuando se creó el municipio de Bacalar no hubo ninguna controversia, por lo que se trata de un hecho consentido por las otras dos entidades de la península.

“Que se defina de una vez por por todas de quién es la controversia, si tiene que ventilarse en la Suprema Corte o a través de la Cámara de Senadores”, opinó, además de hacer un llamado a los senadores y diputados federales por Quintana Roo a que “tengan una visión de estado” y se sumen a la defensa del territorio.

Décadas sin avance

González Reyes lamentó que este problema sea algo que lleve tanto tiempo sin resolverse. En una primera instancia porque, aseguró, el entonces presidente Ernesto Zedillo ordenó que el caso se mantuviera en suspenso porque no quería que en su gobierno existieran controversias entre los estados.

Apuntó que el problema se acrecentó porque, con el paso del tiempo, ninguno de los gobernadores lo incluyó dentro de su agenda, desde tiempos de Mario Villanueva Madrid cuando se ganó el caso pero se mantuvo en silencio por órdenes del entonces Ejecutivo Federal.

En tiempos más recientes, el gobernador Carlos Joaquín González ha retomado un poco el tema y muestra de ello es la reactivación estatal del Comité Cívico Pro-defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, que implicó la activación de los comités municipales.

“Desgraciadamente, hay declaraciones desafortunadas como lo hiciera hace unos meses Francisco López Mena, secretario de Gobierno (del estado), cuando dijo que era un tema concluido y daba por hecho que Quintana Roo había perdido el caso cuando no es así” aseguró.