• Por una estrategia legal del Congreso, la audiencia constitucional se difirió para el 4 de abril.

Cancún, Quintana Roo. Asociaciones Civiles y ciudadanos promovieron cinco amparos contra el Anexo 11 del Presupuesto de Egresos 2022 del Congreso del Estado, que refiere que el legislativo local se autoasignó 20% (100 millones de pesos) para ejercerlo en ayudas sociales, justo en tiempos en que la entidad se prepara para el proceso electoral de junio de este año, cuando será renovada la gubernatura.

Francisco Colunga Becerril, presidente de la Asociación Cultura Cívica de Quintana Roo, explicó que cada año a los poderes (Judicial, Ejecutivo y Legislativo) se les asigna un presupuesto y cada uno diseña cómo va a gastar ese dinero en el transcurso de ese tiempo.

Los amparos fueron diseñados con ayuda del Doctor José Roldán, especialista en amparos e investigador titular del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

En este caso, los amparos presentados son porque la autoasignación de 20% para ayudas sociales genera oscuridad en el ejercicio, dado que esa actividad no es parte de las funciones del legislativo local, “la lógica de los amparos es que cada poder tiene su función y la del legislativo es vigilar y controlar el ejercicio del ejecutivo y crear las leyes que correspondan”.

“El hecho de que se autoasigne el Congreso en su presupuesto de egresos, que se van a gastar ese 20% en ayudas sociales, no tiene lógica con la función del poder legislativo; es como si en el poder judicial, los jueces asignaran el 20% en regalárselo a la gente en ayuda sociales”, indicó.

Colunga Becerril dijo que esta situación es absurda, porque el poder legislativo sí tendría intereses electorales en regalarle el dinero a la gente, sobre todo, ante la proximidad del proceso electoral de junio, pues “generan con este tipo de gasto la fidelización política a cambio de las personas como tal, hacen campañas con ese dinero, la oscuridad en su ejercicio es también el motivo de la inconformidad porque al ser etiquetado ese dinero como ayuda social, no queda rastro ni hay control en su ejercicio, pueden decir que lo gastaron porque dieron dinero en efectivo a las comunidades mayas y no tenemos cómo comprobarlo. Hablando de 100 millones de pesos se genera una oscuridad y la oportunidad de corromper ese ejercicio”.

Aclaró que no están en contra de las ayudas sociales, porque encabeza una asociación cuyo objetivo principal es que justamente las ayudas lleguen a la gente, pero a través de los mecanismos correspondientes y en lo que se pueda comprobar su entrega.

Recordó que el año pasado ocurrió una situación similar y varias asociaciones se inconformaron, pero no rindió fruto el amparo presentado, porque este año estuvieron muy atentos a la publicación del Diario Oficial de la Federación para presentar los amparos en tiempo y forma.

Cinco amparos presentados contra el anexo 11 del Presupuesto de Egresos 2022 del Congreso de Quintana Roo:

Primer amparo: fue promovido por la Asociación Civil Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y Desarrollo AC, está en el Juzgado Segundo de Distrito.

Segundo amparo:  lo promueve Ciudadanos por la Transparencia, está en el Juzgado Séptimo de Distrito.

Tercer amparo: lo promueve Cultura Cívica Colectiva de Quintana Roo, está en el Juzgado Cuarto.

Los otros dos amparos son promovidos colectivamente por particulares

Cuarto amparo: promovido por personas físicas contra esta partida de Ayudas Sociales, está en el Juzgado Octavo de Distrito.

Quinto amparo: lo promueven como ciudadanas las integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción de Quintana Roo: Mariana Bello, Janet Aguirre y Alejandra Rodríguez.

Este último amparo es el más interesante, porque las tres inconformes lo promueven como ciudadanas y como integrantes del CPC. Es el más avanzado porque logró que un juez federal otorgara una suspensión provisional que obliga al Congreso local a informar al juez en qué gasta y con quién cada peso de esos 100 millones de su presupuesto.

“No han resuelto el fondo del asunto, todavía no se sabe si esto va a quedar así, pero mientras tanto el juez federal ya determinó que el Congreso no puede ejercer ese presupuesto sin informarle detalladamente cómo es que lo ejerce”.

La audiencia constitucional tuvo que ser diferida para las 11:37 del próximo 4 de abril, porque el Congreso no ha emitido una respuesta a un acuse de una notificación, que es necesario que tenga el expediente, “ya señalaron la respuesta a los incidentes, están notificados, es un tema de procedimiento que no está un acuse que ellos tienen que emitir en donde dicen que ya se enteraron formalmente. Se entiende que es una estrategia para dilatar este procedimiento”, explicó Colunga Becerril.

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