A pesar de la falta de estadísticas certeras sobre la distribución de contenido sexual infantil en México, se estima que cada semana se comparten millones de imágenes con este tipo de contenido, informó Pilar Ramírez, coordinadora de programas para Latinoamérica y el Caribe del International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC).
Según la especialista, México tiene la debilidad de no contar con una regulación en el Código Penal para delitos cibernéticos, lo cual impide una cuantificación más exacta de los mismos, por lo que es importante que se den las legislaciones necesarias que derivarían en la obtención de ciertos indicadores.
“La propuesta que tenemos es ver de qué manera podemos crear, con algunos legisladores proactivos que de verdad estén interesados en el tema de niñez y adolescencia, algunas iniciativas de ley que puedan crear ciertas reformas al código penal para incluir estos delitos cibernéticos”, apuntó.
Grooming, sexting, sextorsion y bullying, son algunos de los delitos cibernéticos más comunes en la actualidad y que padecen menores de edad en todo el mundo, entre otras conductas que los pueden poner en riesgo frente a agresores sexuales que los tratan de contactar por medio del internet, explicó la también asesora legal del ICMEC.
Sin embargo, destacó que México sí ha participado, a través de la Policía Cibernética en operativos coordinados con órganos de seguridad de otros países donde se han identificado a agresores que han captado a sus víctimas por redes sociales, algunas que desafortunadamente siguen desaparecidas o cuyas vidas han sido arrebatadas.
Avances
Para la coordinadora de proyectos del ICMEC, la institución que representa ha logrado avances significativos en materia de atención a la niñez y la adolescencia, como la investigación para determinar el estatus de las políticas públicas de diversos países, sin embargo, es un problema que no se va a erradicar.
“Hemos logrado reformas positivas en muchos países, hemos logrado que se implemente la Alerta Amber, que se incluyan políticas públicas en el tema de la prevención en el ámbito familiar y educativo para contrarrestar este delito que no va a finalizar, pero lo podemos disminuir”, opinó.
Parte de esta labor ha implicado la creación de unidades especializadas contra los delitos cibernéticos, así como la colaboración con bancos y otras entidades financieras para detectar a las personas que utilicen sus plataformas para la compra y venta de material de abuso sexual o pornografía infantil.
Una de las acciones primordiales, destaca la especialista, es también la capacitación para crear conciencia de las autoridades, padres de familia y educadores a fin de que sepan cómo prevenir, actuar ante los casos, atender a los niños e investigar este tipo de delitos.