Carlos Calzado, vocero de los socios conductores de Uber en Quintana Roo, condenó las nuevas agresiones hacia choferes de la plataforma por parte de taxistas y pidió la intervención de las autoridades para controlar la situación, además de la remoción del fiscal general, Oscar Montes de Oca, por considerar que no ha hecho nada para resolver el tema.
Recordó que las agresiones vienen de tiempo atrás e incluso hay un video que le dio la vuelta al mundo, en donde un socio conductor de la plataforma fue agredido mientras trasladaba a unos turistas rusos, «es hasta ese momento en que el gobierno decide tratar de disminuir, pero no de prevenir la violencia en contra de nuestros conductores».
«Lo que se está afectando es la integridad y la vida de los conductores y la propia integridad de los turistas, porque siempre los más afectados son los mismos usuarios», consideró.
Calzado añadió que semanas atrás, el Congreso avaló modificaciones a la Ley de Movilidad, «que es completamente inequitativa porque pretende que las unidades de Uber tengan un geolocalizador conectado al C-5, pero no las unidades taxistas, cuando hay muchas denuncias respecto a delitos cometidos arriba de las unidades taxistas: secuestros, robos, sicariatos y asesinatos».
Consideró absurdo que los socio operadores de Uber no pueden tener flotillas y que la unidad solo la pueda conducir el propietario, pues dijo que se trata de una serie de excesos que solo benefician al sindicato.
«Cuidan los intereses de los verdaderos dueños de las concesiones; 98 por ciento pertenece a los políticos de Quintana Roo y a través de los actos de violencia de sus choferes están tratando de defender sus intereses mezquinos, monopólicos y delincuenciales por completo», acusó.
Y añadió: «el responsable de esta ola de violencia es el Fiscal y exigimos su remoción, porque al final de cuentas es también un empleado de los intereses delincuenciales del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, porque no cumple con su trabajo. Hay más de 500 denuncias que hemos hecho desde 2018 a la fecha y ninguna se ha atendido ni nado seguimiento, no hay castigo a los responsables».
Por último, dijo que se necesitan cambios radicales en la movilidad y evitar que se siga violentando el Artículo 115 constitucional que permite la circulación de todas estas combis, que son las que acabaron con el tema de la movilidad, son un riesgo para la gente y no garantizan el derecho humano a la movilidad.