Por Luciano Núñez
Tucumán, Argentina. Mientras escribo esta Nadería me encuentro en Tucumán para promocionar mi novela Magníficens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa.
Y la ubicación geográfica tiene que ver porque, justamente esta provincia, la más pequeña geográficamente de toda la Argentina y donde se declaró la Independencia, decidió dar la batalla para expulsar a la empresa Aguas del Aconquija que, asociada con capitales franceses (al igual que Aguakan), se encargaba de la distribución de agua.
Lo que sucedió aquí fue un desastre de largo aliento que recuerdan quienes peinan canas y que le costó a Tucumán 170 millones de dólares.
Una suma que fue más barata que seguir manteniendo a una empresa deficitaria para el Estado, con boyantes ganancias, que entregaba agua color barro en el mejor de los casos o directamente no llegaba.
En Quintana Roo, en cambio, el líquido es transparente pero insalubre dada la elevadísima cantidad de salitre que queda en cualquier recipiente que tenga contacto con el agua que bombea (en ciertos horarios) Aguakan.
Ambas empresas: Aguakan y Aguas del Aconquija tienen el mismo origen geográfico: Francia. Y en varias columnas que ocupé para este tema lo he explicado con documentos de la misma empresa que revelan la conquista francesa del agua de Latinoamérica.
Resolución en el Ciadi
En el año 1996 comenzó la provincia de Tucumán el juicio para rescindir el contrato a la empresa Aguas del Aconquija, cuyo dictamen fue resuelto en el año 2010, 14 años después, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), resolvió que Tucumán debía pagarle la suma de 170 millones de dólares a Aguas del Aconquija, controlada por la firma francesa Générale des Eaux.
En divisa mexicana son algo así como 3 mil 274 millones de pesos.
«Los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria y el acuerdo entre Francia y Argentina para proteger a los inversores extranjeros en ambos países», manifestó entonces Vivendi, mediante un comunicado oficial.
¿Cómo llega la empresa francesa a Quintana Roo?
La empresa que provee el servicio de agua en cuatro municipios de Quintana Roo es Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), filial de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), que aporta el 50.1 del capital.
En 2002, con la participación de Azurix, que a su vez fue adquirida por BAL-ONDEO, asociación compuesta por Peñoles y Suez Environnement, según los propios documentos de Aguakán en su portal. Suez Environnement viene del grupo francés Suez que opera en los sectores de tratamiento de aguas y la gestión de residuos y que figura entre las cinco empresas más grandes del mundo.
A su vez, Suez fue dividida en 2008 para permitir su fusión con Gaz de France, creando GDF Suez, actualmente Engie y Suez Environnement, es decir, la que está detrás de Aguakán.
Para concretar dicha firma, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, que operaba el servicio y que depende del gobierno estatal, asumió pasivos de DHC por 20 millones de dólares, «originados por la obra de agua en bloque realizada al amparo del contrato administrativo firmado a finales de 1990».
Desde 1993 a 2053
Fue el gobierno de Mario Villanueva el que otorgó a la empresa, con razón social Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV (Aguakan) la concesión en 1993 y se estipuló que sería por 30 años.
Cuando se habló de revocar contrato, se estimó que se necesitaban algo así como dos mil millones de pesos, debido a que en el contrato la cláusula XXIII aclara que, en caso de terminar el convenio, el gobierno deberá pagar el valor en libros de las acciones que tiene con la empresa.
Pese a todos los reclamos, el Congreso y los cabildos de Quintana Roo, avalaron en 2014 darle otros 20 años a la empresa, hasta 2053.
Fue durante los gobiernos estatal de Roberto Borge y municipal de Paul Carrillo, cuando Cabildo de Benito Juárez autorizó, en una sesión a puerta cerrada y sin acceso a la prensa extender la concesión.
La empresa entregó poco más de mil millones de pesos al gobierno de Borge, recursos que desaparecieron en cuestión de minutos, y por ello, Paulina Cetina, titula de CAPA, fue a parar a la cárcel y luego liberada. El entonces secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo, quien habría pedido y recibido en cuentas fiscales del Estado ese dinero se dio a la fuga y combate con amparos su vinculación en diferentes procesos que le sigue el gobierno.
La senadora Marybel Villegas Canché (que aprobó como diputada la continuidad de la concesión) logró después reunir 50 mil firmas para que, en el pasado proceso electoral, y los electores pudieran aprobar o rechazar el servicio. Por abrumadora mayoría ganó la rescisión del contrato en los cuatro municipios.
En Benito Juárez: Si: 69,893; No: 157,759. Isla Mujeres: Si: 3,806; No, 5,880.
En Puerto Morelos: Si: 3,647; No: 5,947. Solidaridad: Si: 11,269; No, 51,417.
¿Qué sigue tras el revés a Aguakan?
Los números son contundentes: la ciudadanía ya no quiere que Aguakan siga prestando el servicio por muchas razones: el agua no es de calidad, la infraestructura no ofrece la presión necesaria y hubo casos de cobros excesivos y falta de respuestas.
El diputado Julián Ricalde aseguró qué hay información contable que dice que Aguakan le debe al estado algo así como 7 mil millones de pesos y un paquete de obras que figuran en contrato y no se han hecho.
La gobernadora Mara Lezama dijo que hay que seguir la ruta legal. “Lo voy a dejar muy claro y en pocas palabras, nadie al margen de la ley y nadie por encima de la ley.
Cualquier concesión que no dé el servicio como lo debe de dar a la ciudadanía, no cabe en este estado», dijo. Y con esa línea el Congreso del Estado deberá seguir la senda que conduzca a cumplir el mandato popular, de otra manera, sencillamente no estarían representando a los ciudadanos del norte del Estado que le dieron la espalda a Aguakan.
Para ello fue creada una comisión en el Congreso que nació ya mal conformada: no tiene mayoritariamente diputados de zona norte, donde está el ojo del problema. Sin embargo, podría ser incluso más objetiva.
Para quienes todavía se preguntan si es viable combatir legalmente a la empresa de origen francés, el caso de Tucumán con Aguas del Aconquija es una muestra contundente: aún perdiendo el Estado ganó para beneficio de la ciudadanía.
Es decir, la ruta podrá ser costosa, pero mejor a la larga para los intereses sociales.
Actualmente en la provincia argentina es el Estado, y no una empresa cuyo único fin es obtener ganancias, el que distribuye el líquido esencial para la vida.
En el medio de todo este largo proceso que viene habrá intereses e intentos de recompensas bajo de la mesa para impedir que se cumpla la revocación que pide mayoritariamente la ciudadanía.
Entonces, habrá que volver a leer aquella frase con la cual los representantes juran cumplir y hacer cumplir la ley, y si así no lo hicieren, que el pueblo se los recuerde y se los demande.