Por Ignacio Alonso Velasco
El bello himno del Estado de Quintana Roo clama que somos: “Selva, mar, historia y juventud”.
Con respecto al primero de estos elementos, no cabe duda de que, a casi medio siglo de existencia de la entidad caribeña, sigue imperando la ley de la selva, en la que quien vence y logra imponerse es el más fuerte y poderoso y no quien debería tener la justicia de su lado.
No en vano World Justice Project ubica a esta entidad federativa en la posición más baja del país en cuanto a su nivel de estado de derecho, superado tan solo por Morelos y Guerrero, tal y como di a conocer en otra de mis columnas.
Son numerosos los ejemplos que podemos dar para evidenciar que los intereses políticos están por encima de las razones legales, como lo fue la creación del municipio de Tulum cuando no reunía los requisitos constitucionales para ello, tal y como demostré en mi última publicación.
Tulum: “Palo que nace doblao…”
Parece que la historia de Tulum hace realidad la letra de la canción que inmortalizó Willie Colón: “Palo que nace doblao, jamás su tronco endereza”.
Debemos recordar que su primera municipal, electa por los ciudadanos tulumenses, Edith Mendoza Pino, no pudo concluir su periodo de gobierno debido a un juicio político que se inició en su contra por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
La presión política y mediática fue tal que tuvo que renunciar a su cargo tan solo un año y cincuenta días después de que asumiera el cargo.
Deseo comentar también otro suceso acaecido apenas la semana pasada que atenta contra el derecho municipal. En esta ocasión, ocurrió en el Ayuntamiento de Benito Juárez como consecuencia de algunos movimientos en el cabildo. Resulta que al que era síndico le nombraron secretario general y su lugar fue ocupado por quien fungía como quinto regidor.
Con fundamento en el artículo 97 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en este caso habría que haber llamado a ocupar el cargo de síndico a su suplente, Eric Arcila Arjona, quien se desempeña actualmente como presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte (COJUDEQ) a nivel estatal. El joven no estuvo dispuesto a abandonar ese relevante cargo.
Antecedente en OPB
No es la primera vez que en un ayuntamiento se toma una decisión arbitraria como esta. Recordemos el caso de Othón P. Blanco, cuando su presidente municipal, Luis Torres Llanes, en 2018 renunció a encabezar su ayuntamiento por buscar una diputación federal que acabó perdiendo. En ese entonces, su cargo lo debió ostentar su suplente, Juan Ortiz Cardín, quien era al mismo tiempo titular del sistema de los CECyTE en Quintana Roo.
El caso es que, curiosa e ilegalmente, quien acabó terminando presidiendo esa administración municipal fue María Luisa Alcérreca Manzanero, quien era la tesorera municipal y, por lo tanto, no había recibido ningún voto el día de la jornada electoral al no estar incluida en alguna planilla.
Lo más llamativo de los sucesos comentados, tanto en Othón P. Blanco como en Benito Juárez, es que los regidores de oposición no denunciaron en ningún momento las acciones ilegales que se estaban llevando a cabo al interior de sus ayuntamientos. Más bien al contrario, votaron a favor de que se pudieran llevar a cabo esos movimientos al interior del cabildo, ya que deben ser aprobados por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento.
Así las cosas, concluyo con el deseo de que podamos ir mejorando nuestro nivel de estado de derecho por medio de un incremento del respeto a nuestro ordenamiento jurídico por parte de quienes más lo deberían observar, nuestras autoridades.