Por Hugo Alday Nieto
Hace unos días, desde la más alta tribuna del Estado de Quintana Roo como presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del estado, y en representación de mis compañeras y compañeros miembros de la comisión, hice lectura de la iniciativa de reformas a 30 artículos y adición de dos artículos más al Código Civil para el Estado de Quintana Roo en materia exclusivamente familiar.
Es importante resaltar dos temas fundamentales en dicha iniciativa. La primera es la participación comprometida de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia con sede en el municipio de Benito Juárez, quienes coadyuvaron de forma activa para la conformación integral de dicha iniciativa para hacerla más eficaz. Y la segunda, que dicha iniciativa integra el rezago en materia familiar que recibió la Comisión de Justicia en el mes de septiembre y que contenía iniciativas no dictaminadas de las últimas dos legislaturas.
Esta propuesta integral de reformas y adiciones que fue turnada para ser dictaminada en el mes de febrero, reviste una mayor importancia luego de analizar el texto del “CURSO DE DERECHO Y FAMILIA” publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Estudios Constitucionales y la editorial Tirant lo blanch, en la que no solamente se plasman los derechos progresivos en materia de familia con los últimos avances del más alto tribunal de la nación y la corte interamericana de los derechos humanos, sino que, además se enriquece con datos y cifras muy reveladoras en derecho de familia.
Entre otros, señala que una de cada diez personas en México son parte de algún juicio familiar, y de estas personas, el 60% manifestó haber sufrido física o psicológicamente durante del proceso litigioso, lo cual representa en todos los casos un abuso por parte de quienes deben impartir justicia a las familias en este país.
De la misma forma, señala que el 40% de todos los asuntos litigiosos que se tramitan en el Poder Judicial en México, son de materia familiar. Sin embargo, solamente el 12% de los juzgados en este país están especializados en la materia por lo cual resulta importante que el Poder Legislativo desde su trinchera aporte herramientas para el bien común de las familias.
En este sentido, con el desarrollo progresivo de los derechos humanos plasmados en la iniciativa, la mujer y el hombre, las niñas y los niños, las y los adolescentes serán tratados en igualdad ante la legislación familiar en donde se proveen los elementos jurídicos para que el juzgador pueda resolver, sin arquetipos preconcebidos que limiten el acceso a justicia, tomando en consideración sus particularidades y diferencias sin discriminación por cuestiones de género, sexo o cualquiera otra personal que no tuviera relación directa con el tema a resolver judicialmente.
Es por ello que dicha actualización en materia familiar que se impulsa desde la XVII Legislatura resulta el primer paso de muchos que se tienen que dar desde el Congreso para reconocer todos los derechos para todas familias.