Apenas asuman el 1 de diciembre los nuevos titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Áreas Naturales Protegidas (Conanp) uno de los primeros temas que deberán atender serán los 20 amparos interpuestos en contra del Plan de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) de Yumbalam que fue publicado a inicios de octubre pasado.

Está programado que el próximo 3 y 4 de diciembre se lleven a cabo las audiencias en el Juzgado Séptimo del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en Cancún.

Rubén Presuel Polanco, integrante del Consejo Asesor del ANP de Yumbalam y asesor técnico del ejido de Chiquilá explicó que empresarios, personas de manera individual y ejidatarios presentaron alrededor de 20 amparos además está en proceso la controversia constitucional que elaboran abogados del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

Cada amparo ya fue revisado, valorado y “les dieron entrada” y en 12 días se presentará un grupo y luego otro al día siguiente al mismo juzgado, en cada caso expondrán las afectaciones que les generó el plan de manejo de la reserva así como señalar que no se siguió el debido proceso ni les permitieron el derecho de audiencia cuando fue creado hace más de dos décadas la reserva.

“La garantía de audiencia se violó porque cuando hizo el decreto de la reserva, nunca pudo (la autoridad) obtener autorización ni consenso de las comunidades, de las dueñas de la tierra, les pedimos que muestren el acta de asamblea, sabemos que no hay, que no la tienen y se la deberán mostrar al juez o deberán declarar que no lo tienen, estamos construyendo una serie de evidencias”, dijo Presuel Polanco.

Un caso similar se registró en Sonora en 1983 –un año antes de que fuera publicado el decreto de la reserva de Yumbalam- en el que la autoridad federal incluyó 50 mil hectáreas a una reserva en Sonora y debido a que las comunidades no fueron informadas ni escuchadas sobre esta decisión, al final esas 50 mil hectáreas fueron retiradas de dicho decreto de protección.

Y esperan que ocurra lo mismo con el decreto de Yumbalam, porque debido a que permite un mínimo desarrollo, prácticamente no pueden aprovechar las tierras ni empresarios, ejidatarios ni particulares.