Cancún, Quintana Roo.- Tras el allanamiento de dos sujetos que ingresaron al domicilio de la activista y periodista Lydia Cacho, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo, ocurrido el 21 de julio pasado, en el cual envenenaron a sus canes y sustrajeron información de la periodista incluyendo una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros, distintas organizaciones se han pronunciado al respecto.

Una de ellas ha sido Artículo 19 quién denunció que los agresores “desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron”.

La organización también indicó que el allanamiento y sustracción de material periodístico con información del interés público son “elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”.

En su cuenta de Twitter Lydia Cachó escribió: “Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde”.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) se sumó a la condena por la agresión a Cacho Ribeiro y exhortó a la Fiscalía General de Quintana Roo a realizar una investigación apegada a derecho y respeto a los derechos humanos, para dar con los responsables.

“Este organismo defensor seguirá de cerca dicha investigación y realizará las diligencias necesarias, a fin de que se protejan los derechos humanos de Lydia Cacho, a quien manifestamos nuestra solidaridad”, expresó el organismo presidido por Marco Antonio Toh.

La periodista Lydia Cacho exhibió en el libro Los demonios del edén (2005) redes de pederastía que operaban desde Estados Unidos y en las que estaban involucrados empresarios y altos funcionarios y políticos mexicanos. Tras ello, la periodista fue amenazada y torturada por autoridades federales debido a sus investigaciones periodísticas.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que la detención de la periodista, ocurrida en el 2005, tras las revelaciones que hizo en el libro fue punitiva y arbitraria, lo que llevó a que el Estado mexicano se disculpara por el incidente.

En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo libró una orden de aprehensión en contra de exgobernador de Puebla, Mario Marín; del empresario José Kamel Nacif, y del ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, por el delito de tortura contra la periodista.

Distintos periodistas y organizaciones han dado muestras de solidaridad y apoyo a la periodista, entre ellas, se suma la organización Ni una Menos de Quintana Roo.