La Red por la Equidad y los Derechos Humanos de Quintana Roo señaló que ahora que el Congreso del Estado retomará el procedimiento para elegir al próximo Ombudsperson del estado, lo importante es que la persona que sea electa mantenga la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

«Y que las personas que se postulen, sean personas con ética y dignidad: Ahí está Virginia Cabrera, emanada de la Secretaría de Seguridad Pública, recomendada por Luz Margarita González, extitular de la Comisión de Búsqueda de Personas, ¿o sea cómo?; ahí está Susana Martínez, una persona transgresora, cuando estuvo en el DIF tuvo más de 30 quejas», dijo la presidenta de la Red por la Equidad, Rosa María Márquez Pérez.

«Podrían ser»

Señaló que esos son los casos de las personas «más nefastas» y del otro lado, más amable están Carlos Vega, abogado de Playa del Carmen, independiente y Teresa Paredes, «esas son las dos personas con capacidad que podríamos decir: ‘podrían’ ser postulantes y una carta fuerte para los derechos humanos», precisó.

De las personas que estaban inscritas en la lista hace dos años para que la Décimo Sexta Legislatura eligiera al próximo Ombudsperson y que fue suspendido por el amparo interpuesto, ninguno está libre ataduras y vínculos con gupos políticos, reconoció.

Insistió en la necesidad que el próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo cumpla con el objetivo de proteger y salvaguardar a la ciudadanía de los abusos de poder y de las violaciones a los derechos humanos.

«El amparo promovido por la compañera Graciela Machuca y otros que promovimos nosotros y nos batearon, fue porque la reforma que hizo la Décimo Sexta Legislatura violentaba la Constitución de Quintana Roo y la Constitución Política de México al quitarle el cáracter de autonomía a la Comisión y meterla en un limbo de: Aplique quién quiera y lléguele quién quiera. Y por eso, tenemos una lista de aproximadamente 17 personas, de las cuales, solo dos son ciudadanos», aseguró.

Reiteró que los integrantes de la actual Décimo Séptima Legislatura deberán revisar que los postulantes mantengan la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos.

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