• Solicita que sea convocado titular del Imoveqroo.

“Lo que necesitamos es gente que llegue al congreso local y a las cámaras altas a tomar decisiones, no queremos legisladores que no tengan decisiones como los que tenemos hoy”, expresó Hayde Saldaña Martínez, consejera nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con respecto al tema de la operación de Uber en la entidad.

Pide legisladores con carácter que estudien la Ley

Señaló que es necesario que los legisladores locales tengan carácter, estudien la ley y que no les dé miedo hacer su trabajo, porque para eso fueron votados: para representarnos, “todo está en la ley, sólo hay que estudiar, hablar con los interesados”, consideró.

También dijo que le ha tocado ser abogada de muchos socios conductores que han sido detenidos y a los cuales se les cobran multas excesivas, por alrededor de los 120 mil pesos.

Dijo que el titular del Imoveqroo debe explicar en dónde está el dinero por concepto de multas

“Habría que pedir que los legisladores manden llamar al titular del Instituto de Movilidad para que nos aclare a dónde se han ido este dinero por concepto de multas y me consta que se han pagado estas cantidades. En ocho meses que llevan estos pleitos, la recaudación, por poner un ejemplo, ha de estar arriba de los 100 millones de pesos en multas. ¿En dónde está este dinero?”, cuestionó.

Dijo que es necesario reformar la ley para anexar este tipo de servicios de transporte que no prevé, pues sólo contempla las modalidades pública y concesionada y Uber no entra en ninguno de ellos, sino que más bien se cataloga como un servicio privado.

La SCJN ratificó que Uber es un modelo de servicio de transporte privado

Recordó que Uber en 2018 interpuso un amparo con lo que lograron una medida cautelar para que las autoridades del estado se abstuvieran de requerir a los socios conductores contar con una concesión que hubiera sido emitida por la autoridad para prestar el servicio contratado por la plataforma.

Luego, en 2019, la empresa acudió a los tribunales y por último, el 23 de junio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ratifica que es un nuevo modelo de servicio privado.

“Hasta ahorita en el Diario Oficial del Instituto de Movilidad se habla de dos transportes, el público y el concesionado y este tipo de modalidad no se encuentra contemplada. Lo que habría que hacer es agregar y modificar la ley, un trabajo de los diputados y ponerle esta figura de privada donde les otorgue un permiso, más no una concesión”, añadió.

Agregó que como ciudadanos nos vemos afectados en la colectividad y en el derecho de elegir cuál servicio de transporte usar, además de que se afecta la imagen del destino con los conatos de violencia que han ocurrido a causa de este tema.

“Es una obligación que los diputados tomen su responsabilidad y no lo dejen como un punto de acuerdo para la historia, porque lo que necesitamos es certeza”, concluyó.