Chetumal, Quintana Roo.- Óscar Fernando Villareal Martínez envió una carta a la diputada local Mildred Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para que exhorte al fiscal Óscar Montes de Oca Rosales para que informe lo relativo al aseguramiento de inmueble, ubicado en el municipio de Tulum, pues no le ha sido restituido pese al mandato de un juez.

A través de una carta, Villarreal Martínez pide a la legisladora que exhorte al fiscal para informe lo relativo al aseguramiento de inmueble decretado en la carpeta de Investigación FGE/QROO/TUL/09/1358/2021, de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, Zona Tulum, a cargo de Karen Beatriz Oy Pech.

“Pero más aún, pido se les conmine (a ambos funcionarios) para que se conduzcan con rectitud y legalidad en su actuar, en cabal acatamiento a las leyes que rigen sus respectivas funciones”, solicita en la misiva.

Villareal Martínez relató que fue demandado hace cinco años a través del juicio agrario 301/2017 ante el precitado Tribunal Unitario, aunque aseguró que no se enteró de dicho proceso legal en su contra, lo que ocasionó que un juez del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo emitiera el juicio de amparo indirecto 995/2019. .

“Ante la ilegalidad de mi llamamiento a juicio y de que se llevó todo el procedimiento a mis espaldas, el juez federal ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen (juicio agrario 301/2017), a fin de que las cosas volvieran al estado que guardaban antes de las violaciones a mis derechos humanos y fundamentales, lo que incluía restituirme la posesión de lo que se ha identificado como Parcela 1690 en cumplimiento de la ejecutoria de amparo”.

Sin embargo, el día de la diligencia –el 8 de septiembre de 2021– una vez que se estaba dando cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Distrito, personal de la Fiscalía General del Estado obstaculizó e impidió la diligencia con elementos de Seguridad Pública de Quintana Roo y con un hombre que aseguró que un día antes se había decretado un aseguramiento sobre el inmueble en disputa.

Incluso el hombre -que después fue identificado como el vice fiscal Ricardo Piña Osorio- ordenó a los elementos de seguridad pública que detuvieran en forma por demás arbitraria al actuario Jonathan Enrique García Vila, que realizaba la restitución, “privándolo ilegalmente de su libertad para impedirle que cumpliera con lo ordenado por el juez federal”.

“Desde el 8 de septiembre de 2021 y al día hoy, que ya ha transcurrido más de un año, el predio referido sigue ilegalmente asegurado y de manera indefinida dentro de la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/09/1358/2021, de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, Zona Tulum, cuya titular es la agente del Ministerio Público, Licenciada Karen Beatriz Oy Pech”, detalla la carta.

Y agrega que jamás se asentó ante el Registro Agrario Nacional u alguna otra oficina de Registro Público, inscripción o constancia de dicho aseguramiento, como lo establece el artículo 233, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco se obtuvo la autorización judicial para efectuarlo de parte del juez de control del fuero común en Tulum.

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“Cabe destacar, que después de percatarnos del ilegal aseguramiento que he venido mencionando, promovimos un diverso juicio de amparo que se radicó en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, bajo el número 1297/2021 el cual desafortunadamente no se ha resuelto de fondo por el rezago laboral que provocó la pandemia”.

Villareal Martínez refirió que el pasado 1 de abril d compareció a justificar mis derechos legítimos sobre el inmueble asegurado y solicitó que se levante el aseguramiento o cuando menos, se le entregue en depositaría la posesión del mismo, a lo cual la fiscal de Ministerio Público, Oy Pech, no ha dado respuesta a su solicitud dentro del término de ley, por lo que la acusa de omisión.

Por ello, promovió otro amparo que se registró bajo el número 527/2022 del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el cual le fue concedido, pero no ha sido ejecutado porque no lo permite el personal de la Fiscalía., por lo que pidió la intervención del Congreso del Estado.