Representantes de organizaciones civiles exhortaron a los regidores a iniciar el proceso para cancelar la concesión a Corporación Integradora de Servicios Administrativos SA de CV debido a diversos incumplimientos, entre ellos, la construcción del Club de Playa en Marlín así como al pago de la contraprestación que quedó establecida de 12 mil dólares.

Marcos Basilio Vázquez, presidente de la organización “Yo soy Cancún” y Rosa María Márquez, integrante de la Red Positiva por la Equidad y los Derechos Humanos, señalaron que si desde 2007, el gobierno municipal en turno concesionó los predios 19, 19A y 19 B, de la manzana 23 del kilómetro 12.5 de la zona hotelera y a la fecha, el predio, no ha sido desarrollado por la empresa –propiedad de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca-, los regidores deben cancelar la concesión estipulada por 30 años.

Basilio Vázquez precisó que el contrato firmado con Corporación Integradora de Servicios Administrativos SA de CV establece que debe aportar de manera mensual 12 mil dólares como contraprestación al DIF en Benito Juárez –cantidad similar que hizo el anterior concesionario Club Carisma-.

En 2007, el entonces presidente Francisco Alor Quezada lanzó una licitación nacional para encontrar a una empresa interesada en construir un club de playa en el lote 19 y que este sirviera para el esparcimiento de la población. Esto debido a que la administración alegó carecer de recursos para llevarlo a cabo en ese predio donado por Fonatur en 1996.

Algunas causales de caducidad de la concesión que marca el contrato de concesión son: “Cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la concesión”, o bien, “cuando la concesión del servicio se extinga por causa imputable al concesionario, caso en el cual se hará efectiva a favor del Municipio, el importe de la garantía señalada en las bases de licitación (1.5 millones de dólares)”.

Ambos activistas explicaron que se deben fincar responsabilidades contra los regidores, administraciones que le sucedieron así como a los diputados por dejar pasar el tiempo sin exigir el cumplimiento de las obligaciones al concesionario.

Rosa María Márquez, se manifestó en contra de la venta del predio y señaló que sería un acto criminal, porque el gobierno actual pretende comercializar el lote 19, que puede servir para el esparcimiento; y en caso de que intentaran ese objetivo dijo que pueden ser sancionados de a acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además de que la sociedad civil organizada buscaría frenar dicho intento.