Con el retorno a la nueva normalidad, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) solicita al gobierno federal que en el diseño de una política nacional post-covid-19 contemple ocho aspectos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sobre todo, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas del país.
La «nueva normalidad», dijo que debe construirse a partir de los derechos a la vida, la identidad cultural, un medio ambiente sano, agua y saneamiento, vivienda digna, alimentación adecuada, territorio y salud.
“El acceso a la justicia ambiental en México es difícil para las personas defensoras ambientales, quienes son objeto de ataques y agresiones. CEMDA ha contabilizado, por lo menos, 499 agresiones en los últimos 7 años. El Estado debe adoptar una política de protección hacia las personas defensoras ambientales y debe ratificar el Acuerdo de Escazú”, plantea esta asociación y coloca en primer lugar la defensa de los Derechos Humanos Ambientales y un Estado Pluricultural.
En segundo lugar, propone la asignación de un mayor presupuesto al otorgaro en los últimos 20 años a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que cuenten con más recursos la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El Cemda precisa en el comunicado que en los últimos siete años hubo una reducción del presupuesto a la Conanp del 86% y para la Conafor fue del 43%. Aunado a que recientemente fue puesto sobre la mesa un nuevo recorte a Conanp del orden del 75%.
Como tercer aspecto pide cuidar la calidad del aire, con el uso de combustibles limpios y promover el uso de bicicletas y creación de ciclovías; propone cancelar los proyectos que priorizan la generación de energía a través de fuentes fósiles y la quema de combustibles sucios y en cambio, destinar los recursos suficientes para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento.
Y en el caso de los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, considera que no constituyen una opción alternativa al modelo de desarrollo tradicionalmente impuesto.
Plantea dejar atrás el concepto de economía lineal -que implica producir, usar y desechar-, para sustituirlo por la economía circular, en la cual el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene dentro del ciclo económico el mayor tiempo posible, y en la que se reduce al mínimo la generación de residuos.