El gobierno de Panamá, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores informó que permitirá al gobierno mexicano imputar al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el delito de delincuencia organizada.

Este nuevo cargo se suma a los otros cuatro ilícitos en contra del último mandatario priista en Quintana Roo, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, así como ejercicio indebido de la función pública, los cuales permitieron su extradición al país en diciembre de 2017, según el diario El Universal.

La notificación llegó a manos de Carlos Carrillo, abogado del exmandatario estatal, en Panamá y, en persona, al propio Borge Angulo, quien recibió la noticia por parte de funcionarios de las Cancillerías mexicana y panameña en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.

Por su parte, Carrillo calificó como “grave” lo sucedido al considerar que los hechos constituye una probable violación al principio de especialidad, al conceder la excepción, sin que medie una orden de aprehensión, lo cual es un requisito dentro del Tratado de Extradición entre Panamá y México.

Por ello, el abogado de Roberto Borge adelantó que impugnará la resolución dentro del plazo de 15 días que establece la ley.

El 29 de noviembre de 2019, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), libró una “citación” dirigida a Borge para audiencia inicial de formulación a imputación dentro de la causa penal 541/ 2019, por delincuencia organizada.

Pero la Fiscalía General de la República (FGR) admitió que el nuevo ilícito ocurrió en Quintana Roo, es decir, en una jurisdicción distinta a la del juez que citó a Borge a audiencia; también reconoció que la “orden de comparecencia” se emitió después de que el ex mandatario fuese extraditado y privado de su libertad.

La Fiscalía justificó la ausencia de una orden de aprehensión dentro de ese nuevo procedimiento con el argumento de que se otorga sólo cuando se requiere el apoyo de la fuerza pública para hacer comparecer a la persona investigada, aunque en este caso no había necesidad al encontrarse ya interno, por lo que sólo procedía la citación.

“México engañó a las autoridades panameñas. Con base en una orden de comparecencia pidieron incluir nuevos cargos en la extradición ya concedida cuando debe mediar una orden de aprehensión que nunca se giró”, indicó el abogado al diario El Universal.

Para imputarle nuevos delitos, éstos debieron ocurrir luego de la extradición, pero si son anteriores a ésta se debe conseguir el consentimiento del gobierno de Panamá, lo que se conoce como consentimiento o excepción al principio de especialidad.

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De este modo, el 21 de enero de 2020 el gobierno mexicano, a través de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Panamá el levantamiento de la regla de especialidad para ampliar los delitos materia de la extradición de Borge y así poder juzgarlo en México por un quinto delito: delincuencia organizada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Panamá no había dado su consentimiento para la excepción del principio de especialidad, hasta ahora, con lo que se estima “procedente” la solicitud de ampliación de la extradición de Borge Angulo, concedida al gobierno mexicano para imputarle un nuevo delito.