Chetumal, Quintana Roo.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday Nieto, planteó enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que reforme la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que el delito de extorsión sea incorporado al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
«Es por justicia. Se lo debemos a todas las vícitmas de nuestro Estado», indicó
El presidente de la Comisión de Justicia recordó que de 2019 y hasta octubre de 2022, en Quintana Roo se realizaron 13 mil 12 denuncias anónimas por extorsión al 089.
Mientras que la organización, México Evalua estimó que este delito le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, el 1.25% del PIB nacional. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2022 reveló que la extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en siete de cada 10 entidades federativas.
«De acuerdo con el Inegi, los delitos que menos se denuncian son: secuestro, actos de corrupción y la extorsión», dijo.
Entre las principales razones está que en dos de cada tres casos, son por causas atribuibles al estado, es decir, por desconfianza en las autoridades.
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«En nuestra entidad la extorsión se da por dos modalidades, el pago de cuotas y el derecho de piso, el cual provoca que las víctimas vivan con el temor y la inseguridad de que en cualquier momento las condiciones pueden ser modificadas y se ve obligado a cumplir con nuevas exigencias», dijo.
Al respecto, recordó que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa en octubre de 2022 para que se modifiquen diversos artículos del Código Penal, con el fin de proteger el bien jurídico y la libertad de las persona, así como establecer nuevas agravantes.