Con bombo y platillo desde Brownsville, el gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, promulgó la polémica Ley SB4 que permitirá a policías estatales y de los condados arrestar y deportar a México a cualquier persona “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente a Texas, al tiempo que culpó al gobierno de López Obrador por la creciente oleada de migrantes.

Rodeado de alguaciles y de elementos militares de la Guardia Nacional de Texas a los pies del muro fronterizo, Abbott presumió que la nueva legislación permitirá encarcelar a los inmigrantes reincidentes con una pena carcelaria de hasta 20 años en prisión y rechazó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la legislación.

“Lo que López Obrador ha hecho es reprobable, sometiendo a miles y miles de personas a la tortura, a la violación, a asalto y hasta la muerte. Y simplemente los envía por la vía libre al estado de Texas y piensa que puede condenar a Texas por esto. Es indignante. Necesita entender que él es una gran causa del problema migratorio que tenemos en Estados Unidos. Los vamos a mandar de inmediato de regreso a México”, remató el republicano.

Abbott sostuvo que una vez que la ley sea implementada a partir de marzo próximo, el número de llegadas de migrantes a Texas podría desplomarse en al menos 50 por ciento y probablemente hasta en 75 por ciento, toda vez quienes sean arrestados deben aceptar la orden de un juez de ser deportados o de lo contrario, ser acusados penalmente. Si reinciden, el castigo más drástico es de hasta 20 años de cárcel.

¿Qué más autoriza la Ley SB4?

Aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes estatales, la ley autoriza que los policías de Texas deporten a los presuntos migrantes sin acatar los requerimientos constitucionales del debido proceso, es decir sin juicio de por medio. Las agencias policiales de esa entidad esperan que la ley facilite el combate a los cárteles mexicanos.

Aun antes de la promulgación de la ley por parte de Abbott, el gobierno de la 4T había advertido que el paquete de medidas legislativas aprobadas por las cámaras texanas afectaría los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en el estado.

Aunque las dos iniciativas de ley entran en vigor hasta marzo del próximo año, la Unión Nacional de Libertades Civiles (Aclu) anunció que presentará preventivamente una demanda contra la SB4, por considerar que viola los derechos de los solicitantes de asilo no solamente a través de las leyes de Estados Unidos, sino a través de las internacionales.

“Nuestra meta es presentar la demanda con suficiente antelación a la entrada en vigor de la ley en marzo de 2024 para que podamos presentar nuestro argumento ante el tribunal y asegurarnos de que se escuche a tiempo para evitar que prosiga y resulte en el arresto de una persona”, dijo David Donatti, abogado de la Aclu. Con información de Milenio.

 

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