A partir de este lunes, la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado concluyó sus actividades. La expectativa al inicio del periodo legislativo era alta, porque la mayoría pudo hacer la diferencia en comparación con su antecesora. Pero conforme transcurrió el tiempo, acumuló tantas críticas que su trabajo fue considerado peor que durante la era en que dominaba el PRI.

En septiembre de 2016, hace tres años justamente, al salir la Décimo Cuarta Legislatura, que era considerada una de las peores debido a que sesionó de último minuto y fuera del Congreso para hacer diversas reformas a las leyes a fin de evitar castigos severos al exgobernador, Roberto Borge, permitir guarda espaldas a costo del erario para el exgobernador y la familia de éste, entre otras polémicas medidas para protegerse y afectar económicamente a la administración estatal entrante, encabezada por Carlos Joaquín.

Los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que llevaron a la gubernatura a Joaquín González, lograron sumar en el camino a diputados del Partido Encuentro Social, Nueva Alianza e independientes para lograr una mayoría y tener bajo sus manos el control del Congreso del Estado a través de la Gran Comisión.

A partir de ahí, pese a que prometió cambiar la figura de la Gran Comisión por una Junta de Coordinación Política, no lo hizo en este período sino hasta la actual legislatura. Y al igual que la legislatura anterior, continuó haciendo uso del presupuesto destinado a “ayudas sociales”, que en varios de los casos, como demostró la organización civil “Somos tus Ojos”, las personas que aparecían en el padrón de beneficiados no habían pedido ningún apoyo.

Y en otros casos como documentó el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, los beneficiados eran militantes del PAN, entre ellos, el hijo de la diputada, Eugenia Solís así como empleados sindicalizados del Congreso y asesores del Congreso del Estado.

En 2017, los diputados contaron con cien millones de pesos para ayudas sociales, recursos que de acuerdo con el dirigente estatal del Partido Verde, José de la Peña, fueron manejados por los cinco integrantes de la Gran Comisión, entre ellos, el presidente, Eduardo Martínez Arcila que repite como diputado plurinominal.

Esto además de que en estos tres años, el personal a disposición de los diputados se duplicó.

Al año, en promedio el Congreso del Estado, recibió un presupuesto de 468.8 millones de pesos, que divididos entre los 25 diputados que integran el Congreso, el costo por cada legislador fue de 18.7 millones de pesos, que comparado con otros congresos, éste resultó caro e ineficiente por las escasas leyes que fueron aprobadas –alrededor de 741 propuestas contra 303 que fueron publicadas-.