Luego de una reunión con ambientalistas que ocurrió en paralelo a un encuentro de toreros y galleros en la representación del Congreso del Estado en la zona norte, el diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, informó que no será posible hacer modificaciones a la legislación sino hasta el próximo período ordinario.

Por lo anterior, la decisión estará en manos de la XVI Legislatura, que comienza labores el 5 de septiembre. Además, cualquier modificación depende de que lo aprobado el pasado 26 de junio sea publicado en el Periódico Oficial para que entre en vigor y puedan proponerse cambios.

“Si llegase a haber modificación se tendría que esperar a la publicación de la ley, no se puede modificar algo que no está vigente. Creo que lo importante es seguir escuchando y tratar de generar un consenso entre los diputados para saber, en todo caso, qué debiera ser modificado”, apuntó el legislador.

Opinó que lo que se trata de una “ley imperfecta”, ya que se aprobó la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos, pero no se establecieron sanciones, lo cual responde al hecho de que estos puntos no estaban contemplados en el dictamen, sino que se propusieron en el pleno y se terminó aprobando en una votación dividida.

“En el texto original no venía la fracción XII, que es la prohibición. En dictamen, la Comisión no aprobó la prohibición, entonces no puedes aprobar la sanción de algo que no está prohibido”, insistió.

Aseguró que se está haciendo el trabajo de escuchar a las partes, situación que, efectivamente, no se hizo en las comunidades mayas porque no estaba contemplado en la propuesta original el prohibir estas actividades “que sí repercuten de manera directa en las comunidades mayas”, apuntó.

En pro y en contra

Por su parte, empresarios y agrupaciones de toreros y galleros se presentaron a las afueras de las oficinas legislativas en la zona norte, a fin de solicitar espacios en la mesa de trabajo que llevaban a cabo los legisladores Eugenia Solís Salazar, Yanina Rosado Ibarra y el propio Martínez Arcila con los ambientalistas.

En este sentido, Jorge Ávila, empresario taurino, manifestó que “no están en desacuerdo con la ley”, sino en que “se hayan sacado de la manga” la reforma que prohíbe las actividades ya mencionadas, dado que no se hizo una consulta que incluyera todos los puntos.

“Se hace la consulta de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos, luego con los dignatarios mayas y se dan cuenta de que la están regando. Por eso no se ha publicado la ley”, aseguró el empresario, quien además indicó que hay 220 comunidades en el estado que cuentan con fiestas que incluyen este tipo de prácticas.

Entre los grupos representados estuvieron la delegación en Quintana Roo de Tauromaquia Mexicana, ganaderos de toros bravos, alumnos de la escuela taurina “Jorge Ávila” toreros de Cozumel, y distintos grupos de galleros.

Del otro lado, grupos ambientalistas como Opus Magnum, que promovieron la modificación de la ley, insistieron en que las prácticas de generar sufrimiento y matar animales por espectáculo no pueden ser consideradas “usos y costumbres”, además de que se trata de un argumento erróneo, pues los propios dignatarios mayas lo han negado.

Igualmente, manifestaron que confían en que los diputados no se dejarán presionar por “grupos minoritarios” y que se respetará el compromiso asumido por el gobernador de poner fin a estas prácticas. Destacaron que junto con la legislación, entregaron una lista de 25 mil firmas que respaldan la iniciativa.