Chetumal, Quintana Roo.- El día de ayer se llevó a cabo por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la audiencia en contra de Andrés Canul Novelo por el delito de peculado que se sigue en la carpeta administrativa 144/18.

Andrés Canul Novelo, ex subsecretario de Infraestructura y Transporte, realizó un desvío de dos mil 388 millones de pesos por concepto de renta de maquinaria a una empresa “fantasma”. No solo eso, junto a Federico Meeser Soureau, pagaron 777.2 millones por la renta de maquinaria para obras que nunca se realizaron en Quintana Roo.

Canul Novelo, pareja sentimental de Gina Patricia Ortiz Blanco, ex directora general del extinto Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), y quien también enfrenta un proceso judicial por actos de corrupción y peculado durante la administración del ex gobernador Roberto Borge.

En dicha audiencia Canul Novelo solicitó un plazo de término constitucional de 72 horas para resolver su situación jurídica, por lo que el juez de control determinó la continuación de la audiencia para el 3 de agosto a las 15:30 horas. Los fiscales especializados solicitaron tres medidas cautelares, sin embargo no se determinó las medidas cautelares hasta la continuación del día viernes.

Los fiscales en combate a la corrupción solicitaron una garantía del 5% del posible daño, el daño que se está investigando es de $ 459, 000,000.00 y el embargo de siete predios a nombre del imputado, así como prisión domiciliaria toda vez que compareció amparado y con una fianza depositada ante un juez federal.

La audiencia que ahora enfrenta Andrés Canul Novelo es por el desvío de dos mil 388 millones de pesos, en complicidad con la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Paula García Achach, detenida por la Fiscalía General y después puesta en libertad, tras pagar una fianza, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), dirigida en ese entonces por Paula González, quien fue detenida y vinculada a proceso el 3 de enero pasado por el delito de peculado por el desvío mil 56 millones de pesos del erario público.