La organización civil “Somos Tus Ojos” señaló que el Congreso ha bloqueado el acceso a la información sobre el destino de los cien millones de pesos etiquetados como ayuda social; mientras que la administración estatal asignó un contrato para rentar 150 patrullas por 250 millones de pesos durante tres años y la compra de éstas hubiera costado la mitad.

En ambos casos, la presidenta de esta organización, Fabiola Cortés Miranda, señaló que con el cambio de administración en 2016 al pasar de gobiernos priístas desde el nacimiento del estado a la alianza PAN-PRD, se esperaba que hubiera un mejor manejo de los recursos públicos.

La abogada y experta en temas de transparencia, explicó que desde que denunciaron, a través de una persona que encontró su nombre en una lista de supuestos beneficiados con recursos del Congreso, a la fecha no han registrado avances.

“Antonio Ramos ha interpuesto 16 recursos de revisión precisamente por la falta de respuesta estas solicitudes, porque han reservado la información, no con una justificación real, sino con la intención de no entregar los datos para no transparentar”, afirmó Cortés Miranda.

Al no existir avances por esa vía, dijo que continuarán insistiendo por la vía penal, por la denuncia que la ciudadana presentó ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que les entreguen los documentos que amparan el supuesto gasto de cien millones de pesos.

“Somos Tus Ojos” también recientemente concluyó una investigación que inició en abril pasado con tres mil 200 dólares que provienen de la Embajada de Estados Unidos a fin de investigar presuntos casos de corrupción.

En esta tarea colaboraron Moisés Araujo y Antonio Ramos Pérez y detectaron y detectaron que el 29 de septiembre del año pasado, el Gobierno del Estado de Quintana Roo firmó un contrato de arrendamiento de 150 patrullas, 10 motocicletas y dos Van para 19 pasajeros con la empresa Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V.

En ese entonces, el contrato fue firmado por el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Melquiades Vergara Fernández, con una empresa que fue creada el 29 de noviembre de 2016, es decir, dos meses después de que el actual gobierno asumiera la administración y el lugar que aparece como domicilio fiscal no existe.

“Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V. obtuvo el millonario contrato por invitación restringida y recibirá por el arrendamiento de los vehículos a 36 meses, la cantidad de 249 millones 859 mil 800 pesos”, mientras que la compra de la misma cantidad de unidades hubiera costado la mitad.