La oficina de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional llamaron ayer al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional, sumándose a otras preocupaciones de organismos civiles y expertos por el empoderamiento del Ejército en sus labores y en la seguridad pública.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se alistan para aprobar hoy la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena, lo que reforzaría las tareas castrenses en seguridad adicionándose a labores que realiza en aduanas, construcción de obras, traslado de combustible y apoyo en tareas sociales.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que el personal de la Guardia Nacional será de origen militar, aunque con formación policial; y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público.
La GN, dice la iniciativa, estará integrada «por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia».
El empoderamiento militar en la operación disminuye el peso de civiles y de policías, alertaron organismos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional.
Jesús Peña Palacios, representante Adjunto en México del Alto Comisionado, envió ayer una solicitud a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para no concretar la reforma por los riesgos que implica para los derechos civiles.
«En lugar de profundizar un enfoque de predominio de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública,(pedimos que se ) reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito», indica el escrito. Con información de Grupo Reforma.