Durante la Quinta Sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, celebrada este miércoles, los diputados exigieron al gobierno federal considere como actividad esencial al turismo, además de pedir que se destinen recursos a la aplicación de pruebas rápidas a los trabajadores del sector turístico.

«A pesar de que el turismo es tan importante, pareciera que para el gobierno federal no es prioridad reactivar esta actividad», denunció el diputado priísta Carlos Hernández Blanco.

En tanto que el legislador José Luis Toledo Medina destacó que la iniciativa privada ha hecho un gran esfuerzo para la reactivación económica, pero todo este esfuerzo podría perderse si no se asegura que los trabajadores están seguros y libres de la enfermedad.

«Urge comprar un millón de pruebas rápidas para detección del COVID, para todos los trabajadores que están dando todos los días su mejor esfuerzo para reactivar esta gran locomotora turística», dijo el legislador

En este sentido, dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra el 53 por ciento de los trabajadores, por lo que, «el gobierno federal no puede lavarse las manos» y exigió que se destinen los recursos necesarios para garantizar la salud de la fuerza laboral.

«(Urge garantizar) que el trabajador llegue a dar un servicio seguro al turista que llega sano y que también regrese a casa seguro de que su esposa y sus hijos no correrán el riesgo de contagiarse», consideró, además de proponer que este tipo de pruebas se hagan cada 15 días o cada mes.

Acuerdos

Adicional a estas palabras, el Congreso informó de dos acuerdos presentados por el mismo diputado. El primero de ellos para unirse al exhorto que ha llegado desde diferentes sectores al gobierno federal, de considerar al turismo como actividad esencial.

Lo anterior con el fin de promover su recuperación a través de un plan emergente de reactivación y rescate del sector, diseñado e implementado en coordinación con el gobierno del estado y sus municipios, así como el sector privado, social y académico.

El segundo acuerdo es un exhorto al Congreso de la Unión para que, en el uso de sus atribuciones, consideren como propuesta legislativa la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 por ciento al 10 por ciento.

La propuesta considera que esto pudiera ser una medida para la reactivación económica del estado, dado que ha sido el más impactado económicamente por la pandemia, según datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).