Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. Desde que la ciudadanía rechazó de manera rotunda en las urnas a la concesionaria Aguakan se vislumbraba un álgido conflicto.
Por la sencilla razón de que es un mandato popular que hay que cumplir o cumplir. No hay vuelta de hoja.
El asunto es que el asunto no comenzó bien en la legislatura: la conformación de la comisión para desahogar el tema quedó en manos de diputados que no representan a la zona norte, donde está el conflicto, dado que Aguakan sólo ofrece el servicio en Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
De ahí, el paso legal de Isla Mujeres fue revivir un juicio contra la empresa por los diversos incumplimientos que tiene y, vaya sorpresa, quien votó en contra fue Morena, partido que dirigiera hasta hace poco el hoy diputado Humberto Aldana.
Ahora el asunto subió de tono cuando Ricalde declaró que el asunto se dilata y no hay notorios avances. Aldana, a su vez, respondió que no quiere que al Estado le cueste y que lo harán conforme a la información que vaya saliendo (¿por goteo?), esto, debido a que la agenda es responsabilidad de Aldana.
Desde la columna Naderías Totales se explicó como sí fue posible sacar a la concesionaria de origen francés de Tucumán, Argentina, so pena de pagarles 10 millones de dólares en ese entonces (después de un juicio internacional en la Haya), una “ganga” si se consideran las ganancias anuales de Aguakán, que sólo en el primer trimestre de 2022 facturó cerca de 700 millones de pesos.
Nada mal. Un abogado consultado confirma que también la vía para arrinconar a la empresa es enderezarle un juicio por lesividad: no sólo no invierten lo suficiente en infraestructura, sino que le deben alrededor de 7 mil millones de pesos al Estado.
Así las cosas se espera que el asunto siga llenando la cubeta que cada vez se pone más complicada de sujetar.