Ordenan a los legisladores que integran el Congreso del Estado de Quintana Roo que inicien el proceso legislativo y determinen una sanción a quienes comercialicen y publiciten inmuebles que inicien su construcción sin permisos y autorizaciones.
La agrupación «Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano» (DMAS) explicó que al combatir la construcción del proyecto Adamar en la Bahía de Soliman, Tulum detectaron que en el Código Penal existe el artículo 268, fracción VII que sanciona la comercialización y publicidad de obras que carecen de permisos.
Sin embargo, al verificar cuáles son las sanciones, no existen.
«El delito más común en Quintana Roo de publicitar y comercializar inmuebles que no cuentan con los permisos y autorizaciones requeridas no tiene sanción en nuestro Código Penal, es decir, ¡es letra muerta!», indica la agrupación en su comunicado de prensa.
Para corregir esta situación, la agrupación interpuso la demanda de amparo indirecto 680/2024 contra la omisión legislativa de los diputados. Y luego de unos meses, el Juez Noveno de Distrito ordenó al Congreso del Estado que inicie el respectivo proceso legislativo.
Y especifique cuáles serán las sanciones por dicho delito, que podrá llevarse a cabo en el periodo de sesiones en curso -que está por concluir- o en el primer semestre del 2025.
«No más publicidad de desarrollos inmobiliarios sin permisos de construcción a costa del medio ambiente y de la seguridad urbana de los quintanarroenses», afirmó DMAS.